La economía argentina ingresa a 2026 con una mayor estabilidad política y fiscal, pero también con una fragilidad macroeconómica cada vez más visible en la dinámica de reservas, la demanda de dinero y el acceso al financiamiento externo. Desde una mirada profesional, el país ya no enfrenta un desafío de gobernabilidad sino un desafío estrictamente financiero: acumular reservas suficientes para sostener el régimen cambiario, superar un calendario de deuda exigente y preservar la credibilidad del programa económico. La coincidencia entre bancos internacionales y analistas locales es clara: Argentina genera dólares, pero esos dólares no ingresan al Banco Central. Y sin reservas, ningún esquema económico puede sostenerse, aun con disciplina fiscal.
La caída del riesgo país abrió una ventana para que las provincias evalúen emisiones externas. Santa Fe busca colocar entre USD 700 y 1.000 millones, Córdoba reabrirá su bono para alcanzar un monto similar y Chubut también analiza acceder a mercados. Si bien esto refleja una mejora en las condiciones financieras, reexpone una vulnerabilidad estructural: las provincias toman deuda en dólares sin ser generadoras naturales de divisas. De hecho, 11 de los 13 distritos que emitieron bajo legislación internacional desde 2020 debieron reestructurar, razón por la cual el Gobierno nacional mantiene cautela y promueve el financiamiento interno.
El mercado de capitales argentino, sin embargo, continúa siendo demasiado pequeño para absorber simultáneamente emisiones de Nación, provincias y sector privado. A esto se suman las restricciones cambiarias reinstaladas antes de las elecciones, que afectan la operatoria en dólares y limitan la profundidad del sistema financiero. El panorama se vuelve aún más adverso con la propuesta de la Provincia de Buenos Aires de aplicar un 9% de Ingresos Brutos a operaciones con títulos públicos y corporativos, una medida regresiva que encarece la intermediación, desalienta el ahorro formal en pesos y contradice el objetivo de profundizar el mercado local.
En paralelo, el Gobierno impulsa una reforma clave en el esquema de subsidios energéticos. La eliminación de la segmentación tarifaria y la redefinición de consumos subsidiados buscan corregir distorsiones históricas y reducir un gasto que presionó durante años sobre el déficit fiscal. Si bien es una medida necesaria, implicará aumentos en las tarifas de los hogares y presiones adicionales sobre la inflación núcleo y el ingreso disponible. La tensión entre ajuste fiscal y sensibilidad social será un factor central durante los primeros meses de 2026.
Pese a los avances fiscales, el corazón del problema sigue siendo financiero. UBS y Banco Galicia coinciden en que el talón de Aquiles del programa es la acumulación de reservas. El país registró superávit comercial y se reactivaron flujos exportadores, pero los dólares no quedaron en el BCRA: se dirigieron al ahorro privado en billetes, depósitos o dólar MEP como resultado de una desconfianza estructural construida tras décadas de cepos, controles y episodios traumáticos.
Frente a esta situación, el Gobierno recurrió a herramientas financieras para reforzar el balance del Banco Central: reducción de retenciones para acelerar liquidaciones, líneas con Estados Unidos, operaciones con DEG, líneas repo y el uso del swap con China. Aunque estas acciones mejoraron parcialmente las reservas netas de USD –16.100 millones a USD –11.500 millones la meta del FMI sigue fuera de alcance. Ambos informes anticipan un pedido de waiver en enero y exigen señales de acumulación genuina de reservas para habilitarlo.
El régimen de bandas cambiarias funciona como ancla nominal en una economía bimonetaria, pero su sostenibilidad depende de un Banco Central con capacidad real de intervención. Con reservas limitadas, defender la banda superior se vuelve costoso o directamente inviable. El mercado percibe esa debilidad y la presiona, provocando un círculo adverso: menos reservas, menor credibilidad, mayor riesgo país, menor acceso a financiamiento y más vulnerabilidad frente a los vencimientos de 2026 y 2027, que suman USD 48.000 millones entre capital e intereses.
El punto central es que Argentina no enfrenta un problema político sino un problema de divisas y confianza. La economía genera dólares, pero esos dólares no ingresan al sistema. Mientras esa brecha persista, la sostenibilidad del programa dependerá del apoyo externo, de una coordinación monetaria precisa y de la capacidad del Gobierno para administrar una transición frágil sin erosionar los avances logrados. La oportunidad está en los sectores de energía, minería y agro, que pueden aportar divisas significativas en los próximos dos años. Pero para que ese potencial se convierta en estabilidad se requiere reconstruir confianza, reducir incertidumbre regulatoria y consolidar un BCRA con reservas efectivas, no transitorias.
En este contexto local desafiante, los mercados internacionales también operan con volatilidad. El feriado de Acción de Gracias redujo la liquidez global, aunque el S&P 500 logró recuperar terreno y cerrar noviembre casi neutro ante la expectativa de recortes de tasas en Estados Unidos. La Fed atraviesa su mayor división interna en años, con posturas enfrentadas sobre el inicio del ciclo de recortes, lo que amplifica la sensibilidad a cada dato económico. Asimismo, un corte técnico en la Chicago Mercantile Exchange interrumpió la operatoria de futuros de petróleo y Treasuries, exponiendo vulnerabilidades en un día de bajo volumen. Europa muestra debilidad con Alemania en retroceso, mientras que el petróleo opera cerca de USD 59, el oro supera los USD 4.200 y Bitcoin avanza sobre USD 91.000.
El frente geopolítico agrega presión: tensiones en Taiwán, Medio Oriente y América Latina incluida la designación del “Cartel de los Soles”conviven con un giro diplomático inesperado entre Estados Unidos y Rusia, que moderó parcialmente la prima de riesgo global. En Latinoamérica, la región combina inestabilidad política con oportunidades: Brasil reconfigura su escenario interno, Paraguay mantiene estabilidad macro, Colombia crece 3,6% y el acuerdo Mercosur UE finalmente se firmará tras dos décadas, abriendo un nuevo horizonte comercial.