En el marco de una ambiciosa agenda de reformas económicas, el Gobierno argentino encabezado por el presidente Javier Milei ha lanzado el denominado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”. Esta medida permite a los ciudadanos utilizar dólares no declarados sin necesidad de justificar su origen, eliminando controles fiscales que históricamente condicionaron la reinserción de divisas en el circuito formal. La iniciativa apunta a dinamizar la economía mediante la captación de liquidez informal y, en efecto, generó una respuesta favorable en los mercados: el índice S&P Merval registró una suba del 0,25% y el riesgo país descendió a 651 puntos, consolidando una mejora en la percepción de los inversores.
Complementariamente, el Banco Central de la República Argentina evalúa mecanismos para fortalecer el uso del dólar como medio de pago, incluyendo la posibilidad de habilitar operaciones en cuotas con tarjetas en moneda extranjera. Esta estrategia se enmarca en una política monetaria orientada a consolidar una economía bimonetaria, buscando mayor previsibilidad y formalización en las transacciones cotidianas.
Sin embargo, la expansión de la base monetaria constituye un factor de preocupación. A pesar de los compromisos iniciales de “emisión cero”, se registró un incremento del 100% en los primeros seis meses de 2024, contrastando con el crecimiento del 13% en el mismo período del año anterior. Este fenómeno ha reavivado inquietudes respecto al impacto inflacionario y la estabilidad del sistema monetario, especialmente en un contexto de transición hacia un régimen económico más liberalizado.
En el plano cambiario y financiero, los principales indicadores reflejan estabilidad con tensiones controladas. El dólar oficial se ubicó en $1.141 por unidad en el mercado mayorista, mientras que el dólar blue se comercializó a $1.225, manteniendo una brecha del 14,8%. En tanto, los dólares financieros —MEP y contado con liquidación— operaron en torno a los $1.227, y el dólar cripto cotizó a niveles similares. Por su parte, el dólar tarjeta, que incorpora recargos fiscales, alcanzó los $1.412,13. Los bonos soberanos mostraron una leve recuperación del 0,2% en un mercado de bajo volumen, acompañando la tendencia positiva de la renta variable local.
Desde el punto de vista estructural, el Ejecutivo concretó la primera privatización significativa de su administración al transferir la firma estatal IMPSA a la compañía estadounidense ARC Energy por 27 millones de dólares. Esta operación se alinea con el programa de reducción del aparato estatal, al tiempo que asegura la continuidad operativa de una empresa estratégica en el sector energético e industrial.
Finalmente, en el ámbito institucional, se impulsan reformas laborales y judiciales que han generado amplio debate. El Senado avanza en modificaciones a la composición y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y la Auditoría General de la Nación. En paralelo, se proponen cambios en la normativa laboral, incluyendo la extensión del período de prueba a seis meses y la legalización del trabajo monotributista como modalidad contractual. Estas reformas buscan aumentar la flexibilidad del mercado laboral, aunque suscitan críticas respecto a su impacto en la protección de derechos adquiridos.